
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en el desarrollo del país, movilizando recursos, voluntades y soluciones para enfrentar desafíos sociales, ambientales y culturales. Pero junto con ese aporte también existe una responsabilidad: rendir cuentas de manera clara y transparente sobre su gestión y el uso de sus recursos.
Una pregunta frecuente entre fundaciones, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro es: ¿a quién debemos reportar nuestra información financiera y de gestión?
La respuesta es más simple de lo que parece: en Chile, las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación de elaborar anualmente una memoria de actividades y un balance financiero, documentos que deben ser puestos a disposición del Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las fundaciones y corporaciones sujetas a la fiscalización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deben mantener registros contables y elaborar anualmente una memoria explicativa de sus actividades junto con un balance financiero aprobado por sus órganos de gobierno correspondientes. En el caso de las fundaciones, la aprobación corresponde al directorio; mientras que en las corporaciones suele recaer en la asamblea de socios o socias, según sus estatutos.
Adicionalmente, aquellas organizaciones cuyos ingresos o patrimonio superen ciertos límites definidos por el Ministerio de Justicia, deben someter sus estados financieros a auditorías externas independientes.
El principal organismo receptor de esta información es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Departamento de Personas Jurídicas. Actualmente, el Ministerio dispone de un sistema digital para el ingreso de memorias, balances y FECU Social. Los reportes también pueden ser entregados de forma presencial, en las oficinas y horarios listados en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sin embargo, las organizaciones suelen tener otros grupos de interés que también requieren información sobre su gestión:
La transparencia ya no responde únicamente a una obligación regulatoria, sino también a una expectativa creciente de la sociedad respecto del uso de recursos y el impacto generado por las organizaciones sociales.
En la práctica, muchas organizaciones cumplen formalmente con el envío de documentos al Ministerio, pero utilizan formatos distintos, presentan niveles de detalle muy variables o generan reportes difíciles de comparar entre instituciones.
Esto puede dificultar la comprensión de la información por parte de donantes, aliados o la ciudadanía, y limita las oportunidades de fortalecer la confianza en el sector.
Es justamente en este contexto donde surge la FECU Social.
La FECU Social (Ficha Estadística Codificada Uniforme Social) es una herramienta estandarizada para la presentación de memoria y balance de organizaciones de la sociedad civil, desarrollada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias y validada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Su objetivo es integrar en un solo documento la información institucional, la gestión programática y los estados financieros de una organización, utilizando un formato común que facilite la comprensión y la comparación entre organizaciones.
El propio Ministerio de Justicia pone a disposición el formato FECU Social dentro de su sistema de recepción de memorias y balances, reconociéndolo como una forma válida y estandarizada de presentar esta información.
La FECU Social reúne antecedentes institucionales, gobernanza, gestión, indicadores de resultados y estados financieros, evitando la elaboración de múltiples documentos separados.
Al utilizar un formato común, las organizaciones pueden comunicar de manera más clara cómo utilizan sus recursos, cuáles son sus fuentes de financiamiento y qué resultados obtienen con su trabajo.
La disponibilidad de información ordenada y comparable se ha transformado en un estándar cada vez más valorado por financiadores públicos y privados, quienes buscan organizaciones capaces de demostrar tanto su sostenibilidad financiera como su impacto social.
Más allá del cumplimiento normativo, elaborar una FECU Social permite ordenar información, revisar procesos y generar aprendizajes para la toma de decisiones estratégicas.
Transparencia que fortalece al sector
La obligación de elaborar una memoria y balance es mucho más que un trámite administrativo. Es además una oportunidad para fortalecer la legitimidad, la confianza y la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.
La FECU Social transforma ese requerimiento legal en una herramienta de gestión y transparencia, permitiendo que las organizaciones no solo respondan al Estado, sino también a las comunidades, donantes y personas que hacen posible su trabajo.
Porque la pregunta no es solamente «¿a quién le reportamos?», sino también «¿cómo queremos contar el impacto que generamos?».
Y para eso, la FECU Social ofrece un lenguaje común para todo el sector social chileno.
