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En el contexto de Estado de emergencia en el que se encuentra el país debido a la propagación del COVID-19, muchos sectores han visto fuertemente afectados sus funcionamientos, esto con el fin de respetar las medidas de prevención y protección para toda la población.

El sector de la Sociedad Civil también se está viendo fuertemente afectado dado que las crisis intensifican la pobreza y vulnerabilidad de familias y territorios, lo que refuerza el sentido de su existencia pero, al mismo tiempo, pierden financiamiento y apoyo para mantener o aumentar su labor y capacidad de respuesta. Por esto, que como organizaciones de la sociedad civil nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario en esta crisis y por otro lado, solicitamos que desde el Estado se puedan incorporar medidas legislativas y administrativas que faciliten la operación y sustentabilidad de nuestras organizaciones.

CAPÍTULO I: INCORPORACIÓN SOCIEDAD CIVIL EN DISCUSIÓN LEGISLATIVA DE MEDIDAS ECONÓMICAS

a. Proyecto de Ley “Covid-19” de protección a los ingresos laborales. Se garantizará el pago de ingresos de quienes por motivos de la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar las labores a distancia (teletrabajo). Esta garantía se permitirá cuando: (a) exista acuerdo mutuo con su empleador; (b) haya un mandato de la autoridad sanitaria. Cumplidas estas condiciones el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía, de acuerdo a las reglas de uso vigente, pero manteniendo el vínculo laboral y todos sus derechos laborales, por lo que el empleador seguirá pagando sus cotizaciones. Para que esto sea posible, se inyectarán hasta $2.000 millones de dólares en el Fondo de Cesantía Solidario.

b. Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones de dólares: Estos recursos se destinarán principalmente a otorgar financiamiento a las personas y las Pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del Banco Estado en aprox. US$ 4.400 millones de dólares. Se propone: incorporar a las organizaciones de la sociedad civil. Para esto puede utilizarse la Gerencia que el Banco Estado tiene destinada a la atención de OSC: 

c. Fondo Solidario para enfrentar la crisis. Creación de un Fondo Solidario de US$ 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del microcomercio local. Fondos que serán canalizados a través de los municipios.

Se propone: incluir a organizaciones que trabajan con microcréditos con personas parte del microcomercio (formal e informal) para que también puedan canalizar emergencias.

Se propone adicionalmente que la banca también incluya en sus medidas a Organizaciones de la Sociedad Civil:

  • Créditos flexibles.
  • Renegociar pago de créditos.

CAPITULO II: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ORGANIZACIONES

1.- Respetar y acelerar por parte del Estado, convenios de transferencia de fondos, flexibilizando rendiciones técnicas y financieras, incluso evaluar anticipar recursos de convenios ya firmados, considerando que las ejecuciones podrán tener modificaciones o retrasos debido a las medidas anunciadas de evitar el movimiento y contacto entre la población. Se solicita se instruya la aceleración de firmas de convenios de todas las reparticiones del Estado (Ministerios, Seremis, Hospitales, Servicios).

2.- Revisión por parte de la Contraloría General de la República de la Resolución N° 30/2015 entregando una interpretación uniforme de la misma para los distintos ministerios y reparticiones públicas.  Se solicita revisión de los siguientes puntos:

  • Permitir que rendiciones técnicas y financieras puedan ser entregadas online.
  • Permitir que rendiciones puedan ser entregadas cada dos meses durante la crisis. Lo anterior, sin consecuencias administrativas que castiguen los puntajes de las organizaciones en futuras licitaciones.
  • Gastos puedan incorporar compra de implementos de higiene específicos para este período de crisis.
  • Eliminación de Boleta de Garantías, reemplazar por otros mecanismos de garantías, como por ejemplo, el historial de organizaciones ejecutando recursos públicos (registro de Ley de recepción de fondos públicos, registro de donatarios ley 19.885, entre otros).
  • Sobre compras: sabemos que los criterios administrativos en las rendiciones cambian de acuerdo a la repartición estatal que evalúan los documentos. Ante la eventualidad de que los negocios cierren, proponemos unificar e informar el criterio de comprar con factura, como por ejemplo, utilizando las tarjetas de débito personales (webpay).
  • Que las subvenciones se entreguen en base a plazas comprometidas y no sean por asistencia o contacto presencial con usuarios, permitiendo innovar en ejecución de servicios, proyectos e intervenciones.
  • Extender la vigencia por 12 meses del proceso de acreditación bajo la norma NCh2728:2015 (OTEC) por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

3.- Generar instancias de diálogos formal, fluido, flexible y acorde al teletrabajo (mail, videoconferencia, etc) con contrapartes del Estado para resolver temas laborales de los trabajadores de las organizaciones, especialmente aquellos de trato directo con población vulnerable:

  • Flexibilidad en pagos de cotizaciones.
  • Apoyo en pago en indemnizaciones por despidos inevitables durante período de crisis.
  • Diálogo con Inspección del Trabajo para definir/conocer protocolos para trabajadores de trato directo y asegurar su protección. 
  • Apoyo en procesos de quiebra o cierre de proyectos (a nivel de gestión y financiero).

4.- Generar instancias de diálogo con contrapartes sanitarias del Estado o quien corresponda para resolver protocolos de atención a personas altamente complejas por condiciones de salud y/o sociales: Por ejemplo, niños y niñas en Casas de Acogida con patologías graves que deben seguir recibiendo tratamiento en hospitales, personas en situación de calle, personas con discapacidad que asisten a centros diurnos o está en algún tipo de residencia colectiva. 

  • Casas de Acogida para niños con patologías graves: Ministerio de Salud (MINSAL)
  • Personas Mayores: Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
  • Personas con Discapacidad: Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)
  • Niños, niñas y adolescentes bajo sistema de protección: Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
  • NNA en programas de promoción y prevención: Subsecretaría de Niñez
  • Personas en Situación de Calle: Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF)

5.- Asegurar suministro de productos de primera necesidad, higiénicos y alimentarios, a todas aquellas organizaciones que, como parte de sus servicios, incluyan el trato directo con los usuario y/o la entrega de alimentos.